Arranca en Villaverde la campaña ‘RMI: tu derecho’

Arranca en Villaverde la campaña ‘RMI: tu derecho’

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El 22 de septiembre tuvo lugar el primer taller en el C.C. Santa Petronila

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Cartel de convocatoria acto

La campaña RMI: tu derecho, que se puso en marcha en los barrios de Lucero y de Tetuán a iniciativa de la Red Invisibles, ha llegado en septiembre al distrito de Villaverde. El pasado miércoles 22 se celebró el primer taller sobre la Renta Mínima de Inserción (RMI) en el Centro Sociocultural Santa Petronila. Acudieron diversos colectivos de Villaverde (Asamblea 15M, Asociaciones Vecinales, redes de Solidaridad Popular) y personas interesadas en conocer este derecho que todo desempleado o trabajador con bajos ingresos tiene para poder hacer frente a sus necesidades básicas.

Gracias a las explicaciones que proporcionaron las trabajadoras sociales de la zona pudimos informarnos de cómo solicitar la RMI, qué trabas hay y cómo podemos ayudarnos a conseguir este derecho. Purificación de Castro, jefa del Departamento de Servicios Sociales del ayuntamiento en el distrito de Villaverde, y su adjunta Teresa Barquilla, así como Berta y Begoña, representantes del Foro Servicio Social (asociación de profesionales y ciudadanos en defensa de los servicios sociales), fueron comentando los requisitos que se exigen y las dificultades que la propia Comunidad de Madrid pone en la tramitación y la escasez de personal en la Junta de Distrito para tramitarla (la lista de espera ronda los dos meses).

En origen, la ley que aprobó la Comunidad de Madrid en 2001 reconoce a toda persona o familia con bajos ingresos el derecho a una prestación económica y a medidas de inserción laboral y social, pero en la práctica, a partir del estallido de la crisis, se recortó el presupuesto y la dotación de personal y se abandonó la coordinación que había con los servicios de empleo, de manera que no se cumple el objetivo para el que fue creada la ley. Ni la Comunidad de Madrid informa sobre este derecho ni la ayuda llega a la gente que lo necesita (sólo le fue concedida a una de cada tres familias que la solicitaron en 2014). Desde 2012 ha habido una intensificación de la demanda, con casos verdaderamente dramáticos de menores y de ancianos vulnerables, que no pueden esperar el largo plazo de resolución del expediente (ahora viene a tardar unos 5 meses pero llegaron a ser entre 12 y 15 meses). Las propias trabajadoras sociales del ayuntamiento, que son quienes tramitan estas solicitudes, comprueban como cada vez exigen más requisitos en la Comunidad de Madrid para entorpecer la concesión de la RMI. Por ello la necesidad de esta campaña de información y apoyo mutuo, en la que participan tanto colectivos vecinales como trabajadoras sociales, para difundir por los barrios la existencia de este derecho y la exigencia de que se cumpla la ley y se mejoren todas sus deficiencias, que son muchas.

En el taller se habló de la clara insuficiencia económica de la prestación (400 euros mensuales, más unos ridículos complementos de 112 o incluso de 75 euros por cada persona adicional, a lo que se resta los ingresos mensuales que ya tenga la unidad familiar, y sin superar el tope del salario mínimo interprofesional, que en 2016 es de 655,20 euros); se denunció que no se está haciendo una verdadera labor de reinserción laboral sino que el seguimiento se ha convertido en un control social; se habló del gran número de personas que quedan excluidas (en Madrid, por cada familia que recibe la RMI hay 6 familias en situación de pobreza y 17 en riesgo de pobreza, ¿qué pasa con estas personas?); la propia ley exige tener permiso de residencia para acceder a este derecho, con lo cual quedan fuera los inmigrantes sin papeles, pero además el requisito de estar empadronado complica muchas veces la tramitación de la solicitud (¿qué ocurre con las personas que viven en la calle?, en estos casos es necesario un informe razonado de la trabajadora social que demuestre la residencia en la Comunidad de Madrid).

Toda la tramitación es sumamente compleja por los innumerables requisitos que se han ido añadiendo en el desarrollo normativo de la ley: la residencia debe ser habitual y efectiva en la Comunidad de Madrid (sólo se puede ausentar hasta un mes), debe estar empadronado como mínimo un año antes de la solicitud, la unidad de convivencia debe estar constituida como tal al menos 6 meses antes, al ser una ley subsidiaria hay que acreditar que se han agotado otros recursos antes de solicitar este, los menores deben estar escolarizados, la edad del solicitante ha de ser de 25 a 65 años, debe carecer de recursos económicos (pero algunos ingresos no computan), ha de comprometerse a seguir el plan de inserción laboral. Asimismo, la obtención de la RMI implica unas obligaciones cuyo incumplimiento lleva a la suspensión de la prestación, pero en muchos casos esto genera problemas pues la propia situación de exclusión social hace imposible que se cumplan algunas de esas obligaciones (por ejemplo, el usar legalmente una vivienda pública, algo que incumplen las personas que se han visto obligadas a ocuparla por la misma necesidad que les lleva a solicitar la RMI).

En el taller se insistió en que la RMI es un derecho que reconoce la ley para garantizar el alimento de toda persona y como tal es intransferible e inembargable, y además su concesión facilita a su vez otros derechos, como son ciertas ayudas para menores, el comedor escolar a un euro al mes, etc.

El valor de la campaña RMI radica precisamente en dar a conocer este derecho y, por tanto, en reclamarlo y vigilar que se cumpla la ley; de ahí la importancia de formular reclamaciones por escrito y de enviar cartas al Defensor del Pueblo, ya que son la única constancia de las quejas ante la Administración Pública. Se trata de que la presión social llegue a la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que es la que está entorpeciendo la aplicación de la ley 15/2001, no sólo al poner múltiples trabas en la tramitación sino también al recortar el presupuesto y no asignar suficiente personal para atender tanta demanda social (las trabajadoras sociales están desbordadas, algunas llevan mil casos a la vez). La llamada Ley Montoro estableció que los servicios sociales sólo están obligados a reponer el 50% de las bajas habidas, con lo cual el personal se va reduciendo cada vez más.

Por todo ello, la campaña RMI tiene un doble objetivo: por un lado, la información y el acompañamiento en la tramitación (al igual que se ha hecho en Yo Sí Sanidad Universal o en la PAH) y por otro, la denuncia de las carencias de la ley y la presión social al gobierno de la Comunidad de Madrid para cambiarla.

En Villaverde la campaña RMI ya está en marcha y a partir del 30 de septiembre habrá un teléfono activo para informar y acompañar a personas con problemas en la tramitación: 629 712 106.

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