Tras la reciente constatación por parte del Defensor del Pueblo de la falta de información adecuada y otros procedimientos irregulares de gestión de la Renta Mínima de Inserción por parte de gobierno autonómico, colectivos madrileños de lucha contra la pobreza vuelven a presentar una queja señalando muchas otras situaciones en las que se perjudica gravemente a quienes solicitan o perciben esta prestación por encontrarse en precariedad económica. Las familias monomarentales y las personas inmigrantes son las mas afectadas.
Según recuerdan los colectivos que presentan esta nueva queja, las familias en situación de mayor pobreza y exclusión son las familias monomarentales, como muestran numerosos estudios, entre ellos el Informe del Consejo Económico y Social de España 01/2017 sobre Políticas públicas para combatir la pobreza en España. Sin embargo, frente a esta realidad, el sistema de gestión de RMI en Madrid no solo no se adapta para facilitar una respuesta adecuada en estas circunstancias, sino que establece barreras que dificultan en gran medida el acceder a esta prestación. Ejemplo de ello son los requerimientos de trámites de reclamación de pensión por alimentos en momentos donde no es posible aún realizarlos, al no haber concluido los procedimientos judiciales previos. Estos pueden dilatarse entre dos y tres años, bloqueando la continuidad del trámite y haciendo depender de ello la concesión de la prestación.
Otro de los colectivos que más dificultades encuentran en relación a la RMI actualmente es el de las personas inmigrantes, a quienes se exigen documentaciones que no aportan nueva información a la ya presentada, incluyendo algunas de muy difícil obtención dadas las circunstancias de sus países de origen, o implicando costes económicos que son difíciles de asumir en las circunstancias de precariedad en la que se encuentran.
Además de estos dos colectivos, hay muchas otras situaciones recogidas en la queja presentada ante el defensor del pueblo en las que, según las entidades firmantes de la misma, se dan procedimientos que rayan en el hostigamiento de las personas perceptoras o solicitantes con intención de que desistan de sus pretensiones de continuidad o inicio de la prestación. Según estas, hay una búsqueda proactiva por parte de la Consejería de causas que motiven la suspensión o denegación de la misma, vulnerando algunos principios básicos de protección a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad: no reconocimiento de cambios de domicilio y aprovechamiento de estos para pedir nueva documentación ya entregada anteriormente, fiscalización de situaciones económicas de manera que resulta imposible de justificar, utilización del criterio de antigüedad de la unidad de convivencia de manera que penaliza los intentos de encontrar soluciones laborales, etc.
Entidades y colectivos firmantes, muchos de ellos participantes en la Plataforma RMI Tu Derecho:
ATD Cuarto Mundo España, EAPN Madrid, Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid, Asociación ForoServSocial Madrid, Invisibles de Tetuán, Asociación Apoyo, Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel, Coordinadora de Barrios, C.P. San Carlos Borromeo, Plataforma de Trabajadores en Paro, Coordinadora de Vivienda de Madrid / PAH Madrid / Stop Desahucios, Tetuán Resiste, Asamblea de Vivienda de Usera, 15M Sierra Norte, Asociación Arena, Asociación El Pueblo que Queremos de Las Rozas de Madrid y la Red Solidaria de Acogida.
