El martes 12 de junio unas 200 personas, en significativa mayoría mujeres afectadas por lo que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid con la Renta Mínima de Inserción, nos concentramos en la Puerta del Sol para denunciar el desmantelamiento de la RMI al que desde inicios de 2017 están procediendo los Gobiernos de Cifuentes/Garrido.
Una semana antes, un numeroso grupo de personas ligadas a la campaña RMI Tu Derecho mantuvieron toda la mañana una mesa informativa en la parte trasera de O’Donnell 50, a donde acuden muchas personas a realizar gestiones relacionadas con la RMI y otros asuntos sociales. También ha habido mesas o actividades similares en diversos barrios y municipios de la región. Y unas semanas antes muchas entidades sociales habíamos presentado una queja conjunta ante el Defensor del Pueblo por el mismo motivo. Hasta hace poco una movilización significativa por la RMI parecía algo impensable: era un tema invisible. Pero ese movimiento ya se ha puesto en marcha y va a ir a más.
En definitiva, lo que ocurre es que los Gobiernos de Cifuentes/Garrido, con el apoyo de Ciudadanos, han decidido reducir significativamente el número de familias perceptoras de la RMI. Y desde luego que lo están consiguiendo: en junio de 2018 se han pagando 3.800 prestaciones menos que en enero de 2018.
Esa disminución de la cobertura social dada por la RMI, justo cuando la población empobrecida se enfrenta a la catástrofe social provocada por el aumento especulativo de los alquileres, la han logrado a través de tres mecanismos “técnicos”: negar, suspender, quitar.
Negar: en 2016 una de cada dos resoluciones iniciales fueron de concesión de RMI; en 2017, solo una de cada tres; en el primer semestre de 2018, solo una de cada cuatro. Pese a que no ha cambiado la normativa. Lo que ha cambiado es la práctica de gestión, que se ha hecho mucho más arbitraria e incluso fuera de la ley.
Suspender: las suspensiones cautelares, que son una especie de “prisión preventiva” por sospechas frecuentemente infundadas, han subido muchísimo. En 2017 han sido 3.500. Pero no es solo “cantidad”: es que antes ante alguna duda se pedía explicaciones primero, pero ahora llegan directamente cartas de suspensión en las que además no se explica claramente cuál es la “sospecha” ante la que hay que demostrar inocencia, así que con frecuencia no hay manera de salir de ese embrollo. En muchos casos, ni los trabajadores sociales municipales logran que la Comunidad de Madrid aclare la situación. Eso significa que, en el mejor de los casos, una familia sin más recurso que la RMI se queda varios meses sin ingresos, lo que lleva a que se quede sin techo, comida, etc. Esto es una canallada.
Quitar: resulta que una vez pasados tres meses de suspensión cautelar sin haberse resuelto nada la Comunidad de Madrid quita la Renta Mínima. En 2017 ha habido más de 1.400 extinciones de RMI por esta causa, cuando en 2016 fueron menos de la mitad. Ésta es la causa más frecuente de extinción de la RMI. Por el contrario, en 2017 las extinciones por actividad laboral de más de 12 meses solo fueron 156, algo absolutamente ridículo y que demuestra que una de las tareas asignadas a la RMI por la ley que la regula, la inserción laboral, no ha sido abordada.
En estas condiciones, que no nos vengan con que se pagan menos Rentas Mínimas porque “Madrid va bien” y hay menos pobreza: están haciendo más pobres a las y los pobres. Y lo hacen, por un lado, para invertir menos en protección social y tener más para repartir entre los privilegiados (a los que por ejemplo subvencionan uniformes escolares en colegios de élite y les pagan el impuesto de patrimonio con todo el morro) y para poder decir “¿veis como esto va muy bien? Cada vez hay menos familias necesitadas”. Una mentira tan descarada como la que aparecía en un comunicado de la Comunidad de Madrid en el que se decía que ella pagaba las pensiones contributivas, que son de la Seguridad Social y se pagan con los Presupuestos Generales del Estado.
Pero nos hemos puesto en marcha y ya no nos van a callar ni a parar. Ha sido un pequeño paso, pero que sepan que la indignación social ha empezado a convertirse en organización, en apoyo mutuo, en movilización. Lo que está haciendo Garrido es tan indecente como lo que hizo antes su mentora Cifuentes. Exigimos, de inmediato, la finalización de estas prácticas irregulares y arbitrarias de gestión y, también, la mejora de la Ley 15/2001 de RMI, que tiene numerosos defectos.
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