LA COMUNIDAD DE MADRID DENUNCIADA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO POR SUSPENSIONES IRREGULARES DE RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN

Diversas entidades de lucha contra la pobreza señalan que el aumento exponencial de suspensiones de Rentas Mínimas percibidas por familias en situación de gran precariedad se ha producido sin respetar los procedimientos señalados en la propia normativa que regula esta prestación. De esta manera, se están ejecutando suspensiones cautelares y temporales de manera irregular, sin realizar previamente las comprobaciones necesarias para aplicar una medida tan traumática en situaciones de extrema pobreza, y sin tampoco aportar una información adecuada que permita a la persona o familia afectada la resolución de la causa por la que se justifica la suspensión.

Teniendo en cuenta que la Renta Mínima de Inserción es una prestación que se concede para garantizar la subsistencia a quienes no tienen ninguna otra fuente de ingresos que lo permita, suspender, aunque sea de manera temporal, agudiza su situación de precariedad y puede llegar a tener consecuencias irreversibles aunque luego se consiguiera llegar a restituir. Los meses en los que se acumulan deudas de distinto tipo pueden conducir a deterioros graves de salud por no poder pagar los medicamentos, cortes de suministros por impagos, desahucios… Más aún cuando ni siquiera en los casos en los que se demuestra que la suspensión ha sido por error administrativo se produce posteriormente una devolución de los meses en los que no se ha cobrado, por lo que aunque se consiga restituir la prestación no hay capacidad para hacer frente a las deudas acumuladas.

Esta política de suspensiones indiscriminadas e irregulares implica una vulneración flagrante del derecho a la renta mínima, no solo legalmente reconocida como derecho subjetivo sino también como derecho humano reconocido en los textos internacionales (por ejemplo el art. 13 de la Carta Social Europea). Desde hace años diferentes el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha señalado la inadecuación del sistema de Rentas Mínimas en España, ya que éstas deben ser otorgadas mientras exista la situación de necesidad, incumplimiento que se ve agravado con los procedimientos que están siendo llevados a cabos por los servicios de gestión de la RMI en la Comunidad de Madrid, y que parecen buscar la suspensión del mayor número de prestaciones sin atender a la situación de necesidad real que haya detrás de ellas.

Las entidades denunciantes señalan que no se están cumpliendo las normativas que obligan a una audiencia previa en caso de sospecha de irregularidad en la prestación, aplicando directamente suspensiones ante meros indicios, sin permitir una explicación o defensa por parte de las personas perceptoras. En muchos de estos casos, además, se está responsabilizando a éstas de  incumplimientos o fallos en la coordinación por parte de las propias administraciones. Además, no se realiza una comunicación adecuada de las resoluciones, ni de los mecanismos que pueden permitir revertirlas, promoviendo así no solo la precariedad sino la impotencia e indefensión de quienes se ven de repente sin sus únicos ingresos y sin saber si será posible recuperarlos. Por último, estas entidades señalan la necesidad de hacer públicos los documentos relativos a la gestión de los procedimientos de la Renta Mínima de Inserción, para evitar el oscurantismo que rodea actualmente las prácticas en este campo.

Entidades firmantes de la denuncia:

Movimiento ATD Cuarto Mundo España

Asociación Apoyo

Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid

Coordinadora de Barrios

C.P. San Carlos Borromeo