ingreso mínimo vital: un fiasco
Desde la plataforma RMI TU DERECHO, que agrupa en Madrid a diversos colectivos de apoyo mutuo con intervención social relacionada con la Renta Mínima de Inserción y con el Ingreso Mínimo Vital, se ha presentado el informe «Nueves meses de Ingreso Mínimo Vital: ¿un fiasco?, cuya conclusión es que es necesario que se produzcan cambios sustanciales en el contenido de la y que se agilicen los procedimientos de gestión.
Entre otras cosas se señala:
– Que en torno a un millón de hogares en extrema pobreza no han solicitado el IMV.
– Que una de cada tres solicitudes siguen pendientes de resolución. Que sólo el 26% de las resoluciones ya adoptadas han sido de concesión, frente a un 74% de denegaciones. Si excluimos los IMV concedidos sin haber sido solicitados, de oficio, el porcentaje de denegaciones sube hasta el 82%.
También se resalta:
– Que el 70% de las personas titulares de la prestación son mujeres, así como el 56% de las beneficiarias.
– Que el 43% de las personas beneficiarias son menores de edad, cuando sólo son el 18% de población.
– Que el 32% de los IMV concedidos corresponden a familias monoparentales, que sólo representan el 5% de los hogares en general.
– Que la cuantía de la renta garantizada queda muy lejos de la renta mínima prescrita por la Carta Social Europea y que aún lo está más la cuantía cobrada, dado que se están descontando ingresos pasados (los de 2019 o, en algunos casos, los de algunos meses iniciales de 2020), no los ingresos actuales.
– Que sólo el 13% de las personas en pobreza severa son beneficiarias del IMV.Los
Las declaraciones oficiales del gobierno, en especial las del Ministro Escrivá, tienden a justificar y valorar positivamente la marcha del IMV, lo que se contradice frontalmente con los hechos reales. Entendemos que los responsables políticos harían bien en escuchar a los interlocutores sociales que se encuentran más cerca de los hogares empobrecidos cuando reclaman facilitar más la gestión, reducir requisitos excluyentes, elevar los umbrales y las cuantías, y asignar amplios recursos para el apoyo de programas de acompañamiento e inclusión social y laboral.
